Cuando sucedía la crisis financiera del año 2008 se vaticinaban medidas más férreas para otorgar empréstitos. El sistema financiero mundial se tambaleaba y parecía que esto iba a generar grandes lecciones para los acreedores. Sin embargo, no sucedió de esta manera. Los bancos más prestigiosos de Colombia empezaron a captar a sus clientes con cuantiosos créditos de libre inversión, ofreciéndolos a través de telemercadeo, y poco a poco el auge de las fintech acaparó el mercado de préstamos con pocos requisitos. Aunque se suponía que las medidas para los recursos crediticios se tornarían más exigentes y rígidas, ocurría todo lo contrario, cada vez más sectores sociales eran acogidos en el amplio portafolio de servicios de las instituciones financieras. Esta nota de análisis intentará dar cuenta de los esfuerzos institucionales públicos y el marco normativo que ha coadyuvado a la llamada inclusión financiera.
En Colombia, durante los últimos años, algunos indicios como la asignación de tarjetas de crédito a personas con ingresos inferiores al salario mínimo, la posibilidad de reemplazar las garantías de pago con seguros expedidos por las mismas entidades financieras o el generoso aumento de los cupos de préstamos sin solicitud previa de los clientes, llevan a sospechar la reorientación de las políticas económicas bancarias, con la consecuente transformación de la infraestructura, la oferta y la demanda financiera. Estos hechos revelan que las instituciones financieras están ahora interesadas en aumentar su cuota de mercado, dirigiendo sus productos a los sectores que antes no habían integrado a pesar de que esto les suponga, entre otras cosas, modificar sus perspectivas de riesgo.
En esta línea, la siguiente gráfica del último informe de inclusión financiera (2024) muestra que el 94,6% de la población colombiana adulta tenía al menos un producto en los establecimientos de crédito, mientras que en el 2008 este indicador era de solo un 55,5%. Entre estos años se expidieron un número importante de leyes y decretos que probablemente cooperaron con este resultado.
Ilustración 1. Evolución del indicador de acceso y uso de productos financieros 2008-2023.
Cabe resaltar que, desde el gobierno nacional, la tendencia a apoyar con financiación a la agroindustria y al sector exportador se mantuvo en los subsecuentes lineamientos para cumplir las metas de crecimiento económico del país. En el año 2006, con la creación de la Banca de Oportunidades, se marca una vía de voluntad gubernamental para ofrecer a la población colombiana excluida un portafolio de productos financieros adaptados a las necesidades de las personas con ingresos más bajos. La Ley 1151 (2007) (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010) o ley de reducción de la pobreza, estuvo dirigida a soluciones eficaces contra la inequidad y la vulnerabilidad. Esta política se fijó como una acción de largo plazo encaminada a crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso y uso de servicios financieros. Fortaleció la institucionalidad de la Banca de Oportunidades y todas las entidades del sistema financiero. La aplicación de esta política fomentó la intervención coordinada entre el sector público y el privado, pues las entidades financieras invirtieron el 96% del presupuesto para esta estrategia, aproximadamente $3.000.000.000.
En el Decreto 519 de 2007 se flexibiliza el manejo de la tarjeta de crédito modificando el plazo de los pagos, aumentando el término a 36 meses y derogando decretos anteriores que estipulaban un plazo máximo de 24 meses. Los pagos se amortizarían en el correspondiente período hasta por el valor total de cada utilización, en cuotas mensuales uniformes. En el Decreto 919 de 2008 se actualiza la definición de microcrédito y se establecen límites para el endeudamiento, lo que abarca una tasa diferencial para créditos de microfinanzas.
En el año 2010 se presenta un nuevo Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2010-2014, expedido por la Ley 1450 de 2011. En esta ocasión se persigue un objetivo: prosperidad para toda la ciudadanía. Para ello, se priorizaron medidas para garantizar el diseño y la oferta de productos adecuados para los diferentes segmentos poblacionales, en particular, para ciudadanos residentes en regiones que geográficamente se encuentran apartadas por el difícil acceso a vías de comunicación con el resto del país. Se incentivó el crédito de vivienda con estímulos especiales (tasas de interés más bajas o subsidios en dinero para disminuir el capital del crédito) para aquellos que iniciaran una cuenta de ahorro programado, que alcanzara un monto de al menos el 10% del valor de la casa. En esta misma Ley 1450, Artículo 145, se dictan las disposiciones para la planeación y elaboración de programas de educación económica y financiera, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional.
La Ley 1676 de 2013 o ley de garantías mobiliarias tuvo por finalidad apoyar a empresas y personas con trámites sencillos para acceder a créditos financieros. Esta legislación permitió la eliminación de formalidades contractuales, ampliando el número de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria (maquinaria y productos agrícolas, inventarios y derechos inmateriales sobre contratos) para aumentar las posibilidades de financiamiento.
Con el Decreto 2654 de 2014, se creó la categoría de crédito de consumo de bajo monto. A través de este decreto las entidades financieras podían aprobar de manera expedita créditos por un monto máximo de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), un plazo de hasta 36 meses y sin necesidad de constituir garantías. Esta normatividad aprobó el esquema institucional de la estrategia de inclusión financiera, que propone la estructura orgánica para la orientación, dirección y operación de la política (Ministerio de Hacienda de Colombia, 2016). La Ley 1735 de 2014 insta a trabajar con diferentes estrategias de acceso a los servicios financieros transaccionales. En el Artículo 8, hace referencia a que estos canales deben ser eficientes y de bajo costo, aprovechando la tecnología disponible para mantener adecuados parámetros de seguridad y operatividad.
La Ley 1753 del 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) adicionó una serie de metas que complementan el esquema de monitoreo y seguimiento de los avances de la inclusión financiera (Ministerio de Hacienda de Colombia, 2016). También dictó las medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales, por lo tanto, creó las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), destinadas a promover la inclusión financiera con productos financieros transaccionales como transferencias, pagos y giros.
Con el fin de materializar las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Asobancaria formuló El Proyecto F, una estrategia que involucra al sector público y privado con el objetivo de disminuir el uso del efectivo, masificar los medios de pago electrónicos e intensificar la inclusión financiera. Estas metas incluyeron la reducción de la informalidad crediticia, el aumento de la educación financiera y el fomento del uso de las tecnologías financieras disponibles.
En el Plan de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) se privilegia el modelo de la economía naranja como mecanismo para salir de la pobreza, con un enfoque en proyectos de emprendimiento cultural y fortalecimiento de la economía del conocimiento. Es importante resaltar que la Ley 1955 de 2019, Artículo 182, ordenó reglamentar la promoción de los microcréditos a través de las entidades del sector financiero, como instrumento de generación de empleo formal y como medida para combatir el gota a gota. Este mandato estableció como meta que para el año 2022, “el 85% de la población adulta cuente con al menos un producto financiero formal y un 77 % cuente con un producto financiero activo” (CONPES, 2020:12). También se decretó una política de formalización empresarial facultada en el documento CONPES 3956 de 2019, que propendía por bajar los niveles de informalidad de las microempresas, acudiendo a incentivos varios, como la flexibilización de créditos. Cuando se formularon estos objetivos no se preveían con suficiencia los estragos que iba a ocasionar el COVID-19, sobre todo en los sectores de menos ingresos de la población, por lo cual, estas iniciativas y su marcha quedaron en un punto de incertidumbre que, luego de los intentos de reactivación económica, asumió la nueva legislación 2022-2026.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia de la vida”, el gobierno nacional habla de inclusión a todo nivel. Por supuesto, el tema de la inclusión financiera, propone fortalecer la industria, empezando por dinamizar el aparato productivo nacional; para esto, se facilitará la educación y el acceso a los productos financieros, entre ellos, planes de crédito barato, con un mayor acompañamiento a las iniciativas productivas, sobre todo emprendimientos liderados por jóvenes.
Todo lo anterior se suma a la posibilidad de crear sociedades de garantías recíprocas, que accederán a instrumentos de financiación con tasas de interés más bajas, entre otras facilidades financieras (PND, 2022, p. 121). Con el fin de contrarrestar a los agiotistas ilegales conocidos como gota a gota, el gobierno actual plantea un ambicioso plan ejecutado en conjunto con la Banca de Oportunidades e importantes directivos de la banca privada, para conceder créditos a tasas de interés bajas a personas de estratificaciones vulnerables – negocios ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos–. Esta propuesta denominada “CREO, un crédito para conocernos”, considera otorgar de manera gradual un millón de préstamos hasta 2026. Adicionalmente, se debe resaltar el énfasis que hacen en esta hoja de ruta para que las poblaciones excluidas del sistema financiero en los gobiernos anteriores, principalmente los ciudadanos que se dedican a labores de cuidado no remunerado y las poblaciones LGBTIQ+, son ahora un foco preferente para recibir estos préstamos.
Los sucesivos gobiernos colombianos, apoyándose en las tecnologías digitales, le han apostado a fortalecer la política de inclusión financiera que, además de establecerse como la estrategia para invitar voluntariamente a todos los ciudadanos a formar parte del sistema financiero, trae incorporado un programa de educación para aprender a endeudarse responsablemente. Esto incluye, entre otros aspectos, evitar el sobreendeudamiento del prestatario y garantizar la liquidez de las entidades prestadoras. De la misma forma, la inclusión y la educación financiera se implantan como un marco de poder que instituye diferencias entre quienes están incorporados y ostentan formación financiera y quiénes no.
Si bien toda esta estructura normativa puede ser una consecuencia adyacente del fuerte vínculo entre el sistema legal y el desarrollo económico, estas leyes reflejan la incidencia que tienen las políticas públicas sobre el acceso a productos financieros formales. Esta expansión podría interpretarse como una política pública, social y económica por la cual se adelantan recursos futuros y se posponen en el tiempo conflictos distributivos. En este contexto, las entidades financieras se enfrentan a procesos como: la pérdida de clientes corporativos y avances tecnológicos disruptivos; todo esto pone de relieve la creciente disponibilidad de crédito en términos tanto de su cantidad como de su alcance social. Lo anterior, sumado a las innovaciones en el negocio crediticio, desde las tarjetas de crédito que simplificaron el endeudamiento, hasta herramientas de altas finanzas como la secularización, ha contribuido a la consolidación del negocio financiero.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
